El Congreso mexiquense aprueba la fecha de la elección judicial a 2028.


La LXII Legislatura del Estado de México, encabezada por el diputado Vladimir Hernández Villegas, de Morena, declaró constitucional la reforma que pospone la renovación completa del Poder Judicial estatal. Ya no será en 2027. Ahora, los mexiquenses elegirán a jueces, magistrados y a quien presida el Tribunal Superior de Justicia hasta el primer domingo de junio de 2028.

Un año más de espera.

La propuesta llegó del diputado José Francisco Vázquez Rodríguez, coordinador de la bancada morenista, y fue leída en tribuna por la legisladora Sara Alicia Ramírez, del PT. El decreto no solo mueve la fecha: crea una comisión coordinadora con representantes del Legislativo, el Ejecutivo y el Judicial, cuyo trabajo será revisar que cada aspirante a juzgador cumpla los requisitos antes de llegar a la boleta.

El dato que cambia las reglas del juego.

Con esta reforma, cada poder del Estado tendrá que presentar listas de candidaturas por especialidad y por distrito judicial, garantizando paridad de género. Después de una insaculación pública —es decir, un sorteo con testigos—, se reducirán a dos opciones por cargo. El Instituto Electoral del Estado de México será quien organice todo el proceso, dividiendo el territorio en regiones y distritos judiciales para que cada persona vote por una candidatura en cada especialidad.

Nada de esto pasará sin consecuencias políticas. Aplazar la elección judicial un año le da al Congreso y a los partidos más tiempo para calibrar estrategias, perfiles y alianzas antes de que la ciudadanía decida quién imparte justicia en el Estado de México. Y en un año electoral tan cargado como el que se avecina, ese margen no es menor.

La reforma también toca temas operativos: las convocatorias para presidencia del Tribunal Superior, magistraturas de disciplina y juzgados deberán publicarse antes del 30 de abril del año previo a los comicios. Las boletas judiciales cambiarán de diseño para identificar con claridad la especialidad y el poder que postula a cada candidatura. Y quien ya sea juzgador y quiera competir por otro cargo tendrá que renunciar de forma irrevocable antes de registrarse.

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