La pensión alimenticia podría dejar de depender únicamente de que alguien la solicite. Integrantes de la Comisión de Procuración y Administración de Justicia de la LXII Legislatura mexiquense coincidieron en fortalecer las herramientas legales para garantizar este derecho.
Durante el análisis de dos iniciativas, legisladores plantearon que la autoridad judicial pueda ordenar de oficio el aseguramiento de alimentos, mediante mecanismos como retención o descuento directo de ingresos.
La diputada Itzel Ballesteros señaló que actualmente la legislación no establece que esta medida deba determinarse de oficio ni contempla mecanismos específicos para evitar la evasión de la obligación.
El planteamiento también contempla que, cuando la persona deudora esté desempleada y no tenga otros bienes suficientes, puedan embargarse recursos legalmente disponibles de sus cuentas, incluida la subcuenta de aportaciones voluntarias y, bajo determinadas condiciones, la de retiro, cesantía en edad avanzada y vejez.
El dato clave: las medidas buscan garantizar el mínimo vital de la persona acreedora alimentaria hasta que el deudor obtenga empleo o se agoten los recursos disponibles.
La consecuencia política está en una posible reforma al Código Civil mexiquense para que el cumplimiento oportuno de la pensión tenga mayores mecanismos de aseguramiento.
El punto central queda definido: proteger el derecho de alimentos y garantizar el sustento, salud, educación y bienestar de quienes lo requieren.
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