La revisión de la nómina municipal puso bajo la lupa 184 movimientos por más de 1.4 millones de pesos, según denunciaron el síndico municipal y la primera regidora de Chapa de Mota.
“Reunimos todos los elementos necesarios para presentar las denuncias y que las instancias investiguen y acrediten las responsabilidades”, señalaron durante su participación.
El síndico municipal y la primera regidora de Chapa de Mota denunciaron presuntas irregularidades relacionadas con el presupuesto, nepotismo, contratación o promoción de familiares, conflicto de intereses, posible abuso de funciones y violencia contra la primera regidora.
Explicaron que las denuncias fueron remitidas el lunes ante las instancias correspondientes, entre ellas la Contraloría del Poder Legislativo, además de hacerse del conocimiento de instancias relacionadas con la fiscalización y la diputada encargada de la comisión correspondiente.
El dato central está en los reportes de nómina. De acuerdo con el análisis presentado por los denunciantes, fueron identificadas ocho personas y 184 movimientos con estatus aplicado o aceptado, por un monto neto total de 1 millón 480 mil 584.01 pesos.
El síndico explicó que, como parte de sus funciones relacionadas con la hacienda pública municipal, solicitó a la tesorera información presupuestal e informes trimestrales. Ante lo que calificó como omisiones, acudió al Tribunal Electoral, instancia que resolvió sobre la entrega de la información.
A partir de la dispersión de nómina y de la revisión de altas y bajas, afirmó que fueron identificados nombres que, según los denunciantes, corresponden a familiares. También señalaron haber observado físicamente a algunos de ellos en el Ayuntamiento.
Las acusaciones fueron dirigidas contra distintos funcionarios. Según lo expuesto, se presentaron denuncias ante el órgano interno municipal, la Contraloría del Poder Legislativo y otras instancias, incluyendo señalamientos contra la tesorera municipal, el secretario del Ayuntamiento, la presidenta municipal y el presidente del DIF, esposo de la alcaldesa.
Los denunciantes insistieron en que corresponde a las autoridades investigar y determinar si las conductas señaladas se acreditan. También mencionaron que, a partir de las resoluciones del Tribunal Electoral relacionadas con la presunta obstrucción de sus funciones, podrían acudir a la Fiscalía en la instancia correspondiente.
La consecuencia política queda ahora en manos de las autoridades investigadoras: determinar si los 184 movimientos por 1 millón 480 mil 584.01 pesos tienen sustento legal y si las irregularidades denunciadas pueden acreditarse.
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