Después de la desaparición del Infoem, Congresistas discuten la Transparencia Mexiquense en medio de acusaciones de retroceso

En una reunión de trabajo de las comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales, y de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales de la LXII Legislatura, presidida por el diputado Carlos Antonio Martínez Zurita Trejo, se puso sobre la mesa el futuro del Infoem: su sustitución por un nuevo organismo llamado Transparencia Mexiquense.

La propuesta lleva dos firmas. La del diputado Gerardo Pliego Santana y la de la gobernadora Delfina Gómez Álvarez, ambos de Morena. Pliego fue directo al justificar el cambio: la entidad ya cuenta con el Sistema de Información Pública de Oficio Mexiquense, y tanto poderes como municipios y organismos autónomos mantienen sus propias unidades de información, que seguirán operando.

"No es necesario ningún gasto adicional ni que se contrate más personal ni que haya más burocracia, pues el sistema ya prácticamente está funcionando", afirmó el legislador ante sus colegas.

El diputado Israel Espíndola López, proponente de la iniciativa, respaldó el fondo del cambio, aunque hizo una advertencia que no pasó desapercibida: ninguna solicitud de datos puede perderse, ningún expediente puede extraviarse, y ningún trabajador del Infoem debe ser tratado como si sus años de servicio no tuvieran valor.

Del otro lado, la oposición encendió las alertas. El diputado Omar Ortega Álvarez, del PRD, calificó el nuevo modelo como un retroceso: el órgano que viene solo atenderá peticiones dirigidas al Ejecutivo, dejando fuera al Judicial y al Legislativo. Para Ortega, eso no fortalece la transparencia, la evita.

Su compañera de bancada, Araceli Casasola Salazar, fue más lejos y cuestionó directamente a los funcionarios presentes: por qué una propuesta que debió presentarse en febrero llega hasta ahora, y cómo operará la nueva dependencia con menos presupuesto y menos personal que el actual instituto.

Representantes de la Secretaría de la Contraloría, Fernando Aarón Acosta García y Carla Patricia Colín Romero, confirmaron que esa dependencia absorberá toda la estructura necesaria para que el nuevo órgano funcione, y que los sujetos obligados seguirán respondiendo a cada solicitud de información.

El dato que marca el verdadero alcance del cambio lo dio Javier de Jesús Domínguez González, director de Legislación y de la Gaceta del Gobierno: las consejerías y las áreas jurídica, de contraloría, administrativa y de sistemas del Infoem desaparecerán, y sus funciones pasarán a la Contraloría estatal.

Las iniciativas también contemplan reformas a las leyes Orgánica de la Administración Pública, de Archivos, del Sistema Anticorrupción, y a los códigos Administrativo y Financiero, todas para armonizar las nuevas atribuciones.

Los derechos ARCO —acceso, rectificación, cancelación y oposición— seguirán protegidos en el papel, según se precisó, aunque la autoridad que los vigile cambiará por completo.

La discusión en comisiones continúa, y de ella depende quién, en los próximos meses, tendrá en sus manos cada solicitud de información que hoy hacen los ciudadanos del Estado de México.