“Tener derechos no siempre significa poder defenderlos”. Esa fue la idea que colocó el presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado de México, Héctor Macedo García, en el centro de la presentación de la Alianza Pro Bono, un programa que busca ampliar el acceso a la justicia mediante una red de abogados y abogadas dispuestos a brindar servicios jurídicos sin retribución económica.
“Todas las personas tienen derechos, pero no todas cuentan con recursos, esa es una realidad que no podemos desconocer”, expresó el magistrado durante una conferencia de prensa esta mañana. Con esa premisa, el Poder Judicial del Estado de México formalizó una iniciativa que vincula a la institución con la abogacía postulante y la academia para atender a personas en situación de vulnerabilidad.
La conferencia se realizó en el Salón de Plenos del Palacio de Justicia de Toluca, donde Macedo García estuvo acompañado por la presidenta del Tribunal de Disciplina Judicial, Maricela Reyes Hernández, y el presidente del Órgano de Administración Judicial, Fernando Díaz Juárez.
El dato clave: las y los litigantes interesados podrán incorporarse al programa mediante una cédula en la plataforma electrónica del Poder Judicial. Tras la validación de sus datos, integrarán el Registro de Abogados Pro Bono, que será publicado en el sitio oficial www.pjedomex.gob.mx y podrá ser compartido con asociaciones, barras y colegios de abogados.
La red contempla asesoría, representación, patrocinio y defensa legal gratuita y de calidad, además de la promoción de derechos humanos y de la cultura Pro Bono. El programa estará regido por principios como gratuidad estricta y sin condiciones, confidencialidad, secreto profesional, prevención de conflictos de interés, diligencia y responsabilidad social.
Macedo García anunció además una reunión general con integrantes del gremio jurídico el próximo 25 de agosto, para dialogar sobre las necesidades y propuestas relacionadas con la alianza.
Agustín Flores Jaimes, presidente del Consejo Directivo de la Barra de Abogados del Estado de México A.C., respaldó la iniciativa y subrayó que el acceso a la justicia no se limita a mantener abiertas las puertas de los tribunales: también implica que las personas puedan contar con asesoría y representación profesional.
La consecuencia institucional es clara: el Poder Judicial mexiquense busca convertir la colaboración entre abogados, asociaciones y academia en una red de atención para reducir la brecha legal y acercar la defensa de derechos a quienes enfrentan mayores obstáculos económicos.
“Quien acepta un asunto Pro Bono, se vuelve un ser más íntegro”, afirmó Macedo García.
En el Estado de México, la justicia también se mide por quién puede pagarla y quién encuentra a alguien dispuesto a defender sus derechos. La Alianza Pro Bono pone esa discusión sobre la mesa y abre la puerta a que el conocimiento jurídico se convierta en una herramienta de solidaridad.

.jpeg)
.jpeg)
Social Plugin