Mientras el crimen organizado moderniza sus operaciones, la seguridad del Estado de México enfrenta cuestionamientos por adquirir, con recursos públicos, una aeronave de 4 décadas de antigüedad por 170 millones de pesos.
“Qué bueno que la revisen”, respondió el secretario de Seguridad del Estado de México, Cristóbal Castañeda Camarillo, al ser cuestionado sobre la investigación que realiza la Auditoría Superior de Fiscalización (ASF) en torno a la compra de una aeronave Black Hawk.
La ASF abrió el expediente de Presunta Responsabilidad Administrativa 013/2026, mediante su Unidad Especializada en Investigación y Auditoría Forense, para revisar la operación.
El organismo fiscalizador solicitó al funcionario copias certificadas de 19 puntos relacionados con la adquisición, con el propósito de esclarecer las condiciones en que se realizó el contrato y determinar si la documentación pudo haber ocultado el estado real de la aeronave o incidido en el costo de la operación.
Y aquí aparece la pregunta que trasciende la compra: ¿cómo pretende el Estado combatir a organizaciones criminales cada vez más sofisticadas con tecnología y equipamiento que generan dudas sobre su antigüedad, utilidad y costo?
La respuesta oficial de que “está bien que se investigue” no resuelve el problema de fondo. Una investigación de la ASF no equivale, por sí misma, a demostrar corrupción o complicidad; pero sí representa una señal de alerta sobre lo que se está adquiriendo y si realmente servirá para dar seguridad al Estado de México
El problema es mayor cuando la brecha tecnológica entre las corporaciones de seguridad y las organizaciones criminales puede convertirse en una desventaja operativa para el Gobierno del Estado de México.
La discusión, por tanto, no debería reducirse a si hubo o no un “señalamiento grave”. La pregunta es mucho más incómoda: ¿está el Estado de México invirtiendo realmente en inteligencia, tecnología, capacitación e investigación para enfrentar al crimen del presente, o está destinando recursos millonarios a soluciones que pertenecen al pasado?
Los cuestionamientos sobre adquisiciones tecnológicas, sistemas de vigilancia y capacidades de respuesta se acumulan.La misma Presidenta de México, Claudia Sheinbaum y la Gobernadora Delfina Gómez han reconocido deficiencias en protocolos, capacitación e investigación policial.
Si la seguridad pública pretende recuperar terreno frente al crimen organizado, no basta con comprar equipo. Se necesita tecnología vigente, inteligencia, controles internos y resultados medibles.
Porque cuando la delincuencia evoluciona y el Estado se queda atrás, la factura no la paga una secretaría: la paga la sociedad y aunque se moleste Castañeda Camarillo se debe de preguntar.
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