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El Grupo Parlamenario de el PAN busca que policías estatales y municipales del Estado de México porten cámaras corporales bajo reglas establecidas en la ley.
“La cámara debe documentar la actuación, pero también proteger los derechos de quienes aparecen en la grabación”.
La propuesta fue presentada por la diputada Krishna Karina Romero Velázquez y el coordinador del Grupo Parlamentario del PAN, Pablo Fernández de Cevallos González, mediante reformas a las leyes que regulan el uso de tecnologías para la seguridad pública y de Seguridad del Estado de México.
El proyecto plantea incorporar legalmente el concepto de Cámara Corporal y establecer su implementación progresiva, de acuerdo con disponibilidad presupuestaria, capacidad operativa y planeación institucional. La prioridad serían funciones con mayor contacto ciudadano, como prevención, proximidad, tránsito, operativos, inspecciones, detenciones y situaciones donde exista posibilidad de uso de la fuerza.
La iniciativa también fija cuándo deberán activarse. Las cámaras tendrían que utilizarse durante detenciones, inspecciones, persecuciones, operativos, atención inicial de hechos posiblemente delictivos y situaciones que impliquen un posible uso de la fuerza. Cuando las circunstancias lo permitan, el policía deberá informar que la actuación está siendo grabada.
Una vez iniciada, la grabación deberá continuar hasta concluir la intervención, salvo excepciones justificadas. La falta injustificada de activación o una interrupción deliberada podría generar responsabilidades administrativas o disciplinarias.
El dato clave: el proyecto no parte de cero. En junio de 2022, la Secretaría de Seguridad publicó un manual para el uso de cámaras corporales, pero su aplicación está limitada al personal de la Unidad de Asuntos Internos. También existe un protocolo de 2023 para determinadas actividades del Centro de Control de Confianza.
El proyecto busca pasar de esos instrumentos administrativos a un marco legal común para policías estatales y municipales, con reglas sobre activación, almacenamiento, preservación, trazabilidad y acceso a las grabaciones.
La propuesta también establece restricciones: las imágenes y sonidos no podrían alterarse, eliminarse, copiarse, difundirse ni publicarse en redes sociales sin autorización legal. Además, plantea protección especial para menores, víctimas, testigos protegidos, personas que reciben atención médica y grabaciones realizadas en domicilios.
De aprobarse por el Pleno, las instituciones policiales tendrían que implementar y evaluar progresivamente estas herramientas, además de capacitar al personal y cumplir reglas específicas para preservar la información.
El propio proyecto advierte que las cámaras no sustituyen la capacitación, profesionalización, mejores condiciones laborales ni controles internos.
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