La inseguridad divide opiniones en el Congreso mexiquense. Mientras Morena, PVEM y PT destacaron la disminución de delitos, PRI, PAN, PRD y Movimiento Ciudadano cuestionaron la percepción de inseguridad, la falta de denuncias y la atención a víctimas.
Durante la comparecencia de Cristóbal Castañeda Camarillo, secretario de Seguridad estatal, por el análisis del Tercer Informe de Gobierno de Delfina Gómez Álvarez, las bancadas expusieron avances, pendientes y exigencias para atender la violencia en el Estado de México.
El funcionario informó que, entre 2024 y 2025, la incidencia delictiva disminuyó 15.5 por ciento y las defunciones por homicidio bajaron 21.8 por ciento, de acuerdo con datos del Inegi. También reportó una reducción de 30.74 por ciento en el robo total de vehículos entre 2023 y 2025.
Sin embargo, las cifras no cerraron la discusión.
El PRI señaló que 90 por ciento de la población adulta mexiquense considera inseguro vivir en la entidad y que 94.3 por ciento de los delitos no fueron denunciados o no derivaron en una carpeta de investigación.
El PAN puso sobre la mesa las desapariciones, la extorsión y el robo al transporte, mientras que el PRD advirtió que más de 67 mil familias habrían abandonado sus hogares debido a la violencia y la inseguridad. También pidió conocer las acciones contra la violencia de género y los resultados de los Operativos Violeta.
Desde Movimiento Ciudadano, Maricela Beltrán Sánchez pidió reforzar la atención en el sur del estado, proteger las rutas agrícolas, comerciales y turísticas, y utilizar los reportes anónimos para prevenir extorsiones y riesgos económicos.
Hay otro desafío: faltan policías.
Castañeda Camarillo informó que la entidad cuenta con 16 mil elementos como fuerza operativa estatal, aunque, según los parámetros de la Organización de las Naciones Unidas citados por el funcionario, se requieren 32 mil. Señaló que el reclutamiento y la capacitación buscan incrementar el personal.
El secretario también reportó una disminución de 64 por ciento en la incidencia de extorsión respecto al periodo anterior, dentro de la Estrategia Nacional Antiextorsión, y una reducción de 13.56 por ciento en el robo en calle o transporte.
La comparecencia dejó sobre la mesa una exigencia compartida: fortalecer la seguridad, mejorar la atención a víctimas y promover la denuncia.


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