Abogados del Estado de México podrán sumarse a una red para brindar servicios legales gratuitos a personas y comunidades sin recursos económicos.
El Poder Judicial del Estado de México (PJEdomex) habilitó el registro para las y los abogados interesados en incorporarse a la Alianza Pro Bono, un programa que busca ampliar el acceso a la justicia mediante la defensa legal gratuita y de calidad para grupos en situación de vulnerabilidad, comunidades y organizaciones que no cuentan con recursos para pagar estos servicios.
La convocatoria ya está abierta. Para participar, las personas interesadas deben contar con cédula profesional vigente e ingresar a la plataforma electrónica disponible en: www.pjedomex.gob.mx,
El procedimiento consiste en registrar sus datos, esperar la aceptación y adjuntar la Carta Compromiso debidamente firmada. Después deberán generar un usuario para ingresar a la plataforma y dar de alta los asuntos que atenderán. Durante el proceso encontrarán una guía rápida para completar la información.
La Coordinación de Relaciones Intergubernamentales del Tribunal Superior de Justicia será el área encargada de enlazar la operación del programa.
Hay una condición importante: los servicios jurídicos estarán bajo la responsabilidad técnica, ética y profesional exclusiva de cada abogado. El PJEdomex funcionará como facilitador de la vinculación institucional, pero no intervendrá en la relación jurídica entre el profesionista y la persona beneficiaria, ni asumirá responsabilidad por la gestión, las actuaciones, las omisiones o los resultados de cada caso.
La demanda de justicia, el reto de fondo
El Estado de México concentra el 10 por ciento de los asuntos de defensoría pública del país en el ámbito estatal y el 24 por ciento de las causas penales que ingresan a los juzgados estatales de juicio oral.
Estas cifras explican la relevancia de sumar esfuerzos entre las instituciones públicas y los abogados postulantes para ampliar la capacidad de atención y facilitar el acceso a servicios legales a quienes enfrentan limitaciones económicas.
Presentada en agosto de este año, la estrategia busca reducir la brecha legal y facilitar el litigio estratégico en asuntos de interés público, discriminación y equidad de género, con perspectiva de derechos humanos.
El programa establece principios de gratuidad estricta, confidencialidad, secreto profesional, prevención de conflictos de interés, diligencia y continuidad.
El dato central: el Estado de México concentra el 24 por ciento de las causas penales ingresadas a los juzgados estatales de juicio oral, mientras la Alianza Pro Bono busca ampliar la atención legal gratuita a quienes más la necesitan.

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