Congresistas del PVEM buscan reconocer y proteger a personas buscadoras ante crisis de desapariciones en Edomex




Las familias que buscan a sus desaparecidos en territorio mexiquense también enfrentan riesgos, pérdidas económicas y problemas de salud. Esta iniciativa propuesta por la Diputada Miriam Silva plantea darles reconocimiento y herramientas legales para fortalecer su labor.

La congresista señaló que buscar a una persona desaparecida se ha convertido en una tarea que miles de familias realizan por cuenta propia. En el Estado de México, una iniciativa legislativa busca reconocer a quienes han asumido esta labor y establecer mecanismos para que las autoridades acompañen y respalden sus actividades.

Silva Mata, dijo durante su propuesta ante pleno que el problema tiene dimensiones nacionales. De acuerdo con el informe 2026 de Red Lupa, del Instituto Mexicano de Derechos Humanos y Democracia, desde 2019 más de 25 mil 111 madres han iniciado la búsqueda de sus hijas e hijos desaparecidos.

A mayo de 2026 se contabilizaban 134 mil 257 personas desaparecidas y no localizadas en México. Un mes después, el registro ya superaba las 135 mil 791. Además, el 58.13% de las desapariciones registradas ocurrió entre 2018 y mayo de 2026.


La Diputada del PVEM agregó que ante la falta de respuestas, las familias comenzaron a organizarse. En 2019 se estimaba que existían entre 60 y 70 colectivos en el país; actualmente, Amnistía Internacional registra más de 234.

Sin embargo, buscar también representa un riesgo. Entre febrero de 2011 y mayo de 2025, al menos 30 familiares o personas cercanas a las víctimas desaparecieron o fueron asesinadas; 16 eran mujeres. A esto se suma el impacto económico y físico: el 66% de las mujeres buscadoras perdió recursos económicos y el 79% reportó al menos un problema de salud.

La legisladora afirmó que Éll Estado de México enfrenta esta crisis entre las entidades con mayores registros de personas desaparecidas y no localizadas, por encima de Tamaulipas, Michoacán, Jalisco y Nuevo León.


La exigencia de atención también llegó a las calles. Hace unas semanas, familiares e integrantes de colectivos bloquearon durante 37 horas la carretera México-Toluca para exigir atención directa y avances en sus carpetas de investigación.

Tras el diálogo con la Fiscalía General de Justicia estatal se establecieron acuerdos para evitar la revictimización, revisar carpetas, sancionar malas prácticas de servidores públicos, garantizar atención digna, permitir el acceso al panteón forense y difundir las fichas de búsqueda.

Frente a este escenario, la iniciativa propone reformar la Ley en Materia de Desaparición Forzada de Personas y Desaparición Cometida por Particulares del Estado de México, así como la legislación de protección integral de periodistas y personas defensoras de derechos humanos.

Entre sus planteamientos están crear y actualizar un catálogo de personas buscadoras, establecer mecanismos de coordinación con las autoridades, permitirles solicitar recursos del fondo estatal para adquirir o arrendar equipo y reconocer su participación como observadoras ciudadanas.

La propuesta busca que quienes buscan a sus familiares no tengan que enfrentar solas una responsabilidad que requiere coordinación institucional.

Detrás de cada desaparición hay una familia que espera respuestas. En el Estado de México, la iniciativa pone sobre la mesa el reconocimiento de quienes mantienen esa búsqueda, mientras más de 135 mil registros nacionales evidencian la dimensión de la crisis.


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