Una persona recuperó la confirmación de su libertad y una mujer indígena tendrá que volver a juicio después de que el Poder Judicial del Estado de México detectara fallas en su derecho a una defensa adecuada.
Los dos casos llegaron a la Sala de Asuntos Indígenas, que realizó su cuarta sesión pública itinerante en Lerma. Sus integrantes aprobaron por unanimidad las resoluciones.
El primer asunto fue el de una persona otomí acusada de robo con violencia. Aunque había sido absuelta, la Sala revisó el expediente y confirmó su libertad porque las pruebas no demostraron su responsabilidad penal.
El segundo caso es el de una mujer mazahua, de aproximadamente 60 años, originaria de Santa María del Llano, Ixtlahuaca. Había sido sentenciada a 72 años y un mes de prisión por homicidio calificado y homicidio en grado de tentativa.
Por eso, los magistrados aprobaron que el procedimiento se repita con las garantías necesarias.
La magistrada Erika Icela Castillo Vega lo expresó con claridad: ninguna persona debe abandonar su lengua, identidad o costumbres para ser escuchada.
Y es que hay algo que vale la pena entender: si una persona no puede comunicarse con quienes la juzgan, tampoco puede explicar plenamente su situación ni ejercer su defensa en igualdad de condiciones.
El magistrado presidente Héctor Macedo García destacó que estas sesiones permiten que la ciudadanía conozca cómo se discuten y deciden los asuntos judiciales.
La justicia debe entender a las personas que juzga. ¿Tú qué opinas: recibir atención en la propia lengua debería ser una garantía indispensable en cualquier juicio?
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