Lo que se puede construir, vender o desarrollar en un predio podría tener nuevas reglas en el Estado de México.
El Congreso mexiquense estudiará la iniciativa enviada por la gobernadora Delfina Gómez Álvarez para modificar el marco legal en materia de desarrollo urbano, con el objetivo de dar mayor claridad a los conceptos, ordenar los procedimientos y brindar certeza a los trámites relacionados con el uso de suelo.
La propuesta fue leída por el diputado Octavio Martínez Vargas, de Morena, durante una sesión de la Diputación Permanente. Plantea reformas al Código Administrativo, a la Ley de la Comisión de Impacto Estatal y a la Ley Orgánica de la Administración Pública estatal.
El punto central: precisar las reglas para trámites como licencias de uso de suelo, cambios de uso de suelo, subdivisiones y condominios.
La iniciativa también plantea eliminar figuras que, de acuerdo con el proyecto, ya no son compatibles con la normativa urbana, entre ellas la ejecución de obra pública como forma de cumplir determinadas obligaciones, al considerar que esta materia cuenta con reglas propias dentro del Código Administrativo y su reglamento.
El documento busca además actualizar la legislación conforme a la reorganización administrativa del gobierno estatal. Entre los cambios señalados está la transformación de la entonces Secretaría de Desarrollo Urbano y Obra en Secretaría de Desarrollo Urbano e Infraestructura, así como la incorporación de la Comisión del Agua del Estado de México a la Secretaría del Agua.
Otro punto es armonizar las disposiciones de la Comisión de Impacto Estatal con el Código Administrativo y su reglamento, particularmente en autorizaciones posteriores a la Evaluación de Impacto Estatal.
La propuesta incorpora nuevas definiciones, entre ellas Área Privativa, Área Vendible o Enajenable, Caminos Vecinales, Licencia de Uso de Suelo, Vacío Urbano y Vía Pública.
También introduce el concepto de Vivienda Intraurbana, destinado al aprovechamiento habitacional de inmuebles ubicados en vacíos urbanos, áreas subutilizadas o deterioradas dentro de zonas urbanas consolidadas.
La iniciativa igualmente busca armonizar las referencias sobre evaluación técnica de impacto en materia de movilidad con la Ley de Movilidad y Seguridad Vial del Estado de México y sus Municipios.
La consecuencia política es clara: el gobierno de Delfina Gómez busca actualizar el andamiaje jurídico con el que se regula el crecimiento urbano mexiquense y ajustar las normas a la estructura actual de la administración estatal.
Por ahora, se trata de una iniciativa que deberá ser analizada por el Congreso. Su discusión pondrá sobre la mesa cómo se ordenará el crecimiento de las ciudades mexiquenses y qué reglas deberán seguir propietarios, desarrolladores y autoridades.
Más que cambiar palabras en la ley, el proyecto busca redefinir cómo se entienden y tramitan varias de las decisiones que determinan qué puede hacerse con un terreno en el Estado de México.
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