Cargar gasolina y escapar sin pagar podría llevar a prisión en el Estado de México.



Diputados del PAN propusieron castigar con cinco a 10 años de cárcel a quienes reciban combustible en una gasolinera y huyan en su vehículo sin cubrir el pago.

La propuesta fue presentada ante el Pleno de la LXII Legislatura mexiquense por la diputada Emma Laura Álvarez Villavicencio, integrante del PAN, cuyo grupo parlamentario es coordinado por Pablo Fernández de Cevallos González.

La iniciativa plantea reformar el Código Penal del Estado de México para considerar esta conducta como equiparable al robo, sin eliminar las sanciones que correspondan por otros delitos.

El planteamiento va más allá de una deuda por el combustible. De aprobarse, a la pena propuesta se sumarían las sanciones contempladas actualmente para el delito de robo, dependiendo de la modalidad y del valor de lo sustraído.

El propio documento establece que esas penas pueden ir desde seis meses de prisión cuando el monto no supera 30 veces la UMA, equivalente a 3 mil 519.30 pesos en 2026, hasta 12 años cuando rebasa 2 mil UMA, es decir, 234 mil 620 pesos.

El argumento central de la propuesta es directo: cargar combustible, recibir el producto y acelerar para evitar el pago no debe tratarse como un simple incumplimiento mercantil.

La diputada Emma Álvarez sostuvo que esta práctica se ha normalizado y advirtió que genera afectaciones al patrimonio, riesgos físicos y problemas de seguridad para quienes trabajan en las estaciones de servicio.

La iniciativa señala que este patrón se ha presentado en los últimos años y con mayor presencia en las zonas metropolitanas del Valle de Toluca y del Valle de México. La mecánica descrita es sencilla: el conductor solicita combustible, espera a que sea suministrado y después emprende la huida a bordo del mismo vehículo.

Las estaciones, recuerda el documento, son consideradas unidades económicas esenciales para la movilidad, el transporte público, la logística y la actividad productiva de los 125 municipios mexiquenses.

La consecuencia política está ahora en el terreno legislativo: el Congreso del Estado de México deberá discutir una propuesta que busca endurecer el castigo para una conducta que sus promoventes consideran un delito de robo con riesgos para trabajadores y establecimientos.

¿Se sumarían las penas? Sí, pero no significa automáticamente que sean 5 a 10 años más la pena por robo.

La iniciativa plantea establecer una sanción de cinco a 10 años de prisión para quien reciba combustible y evite el pago huyendo en un vehículo. La propuesta considera esta conducta equiparable al robo.

La iniciativa también señala que esa sanción sería aplicada sin perjuicio de las penas que correspondan por otros delitos. Por ello, la iniciativa contempla además las sanciones que establece actualmente el Código Penal para el delito de robo, determinadas por la modalidad y el valor de lo sustraído.

Es decir, no debe escribirse que la persona recibiría automáticamente una condena de 5 a 10 años más otra de 6 meses a 12 años. La aplicación concreta dependería de cómo se configure jurídicamente el hecho y de las sanciones que correspondan conforme al Código Penal.

El dato clave es que la propuesta busca crear una respuesta penal específica para la fuga después de recibir combustible sin pagarlo, mientras mantiene la referencia a las penas correspondientes al robo.

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