Un cadáver no debería poder desaparecer dentro de un trámite. Esa es la discusión que llegó al Congreso del Estado de México, donde diputados de Morena, PT y PAN respaldaron la iniciativa de Joanna Alejandra Felipe Torres (PAN) para sancionar con hasta 12 años de prisión el manejo no autorizado de cadáveres, partes o restos humanos de personas no identificadas.
La propuesta plantea castigar a quien, sin permiso de la autoridad, ordene o realice la cremación, ocultamiento, destrucción, mutilación, sepultura o exhumación de estos restos. También busca que los municipios asuman responsabilidad sobre crematorios y servicios funerarios, además de los panteones.
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El dato que explica la dimensión del debate está en la propia iniciativa: al 30 de abril, México registraba 133 mil 563 personas desaparecidas y no localizadas; 14 mil 665 correspondían al Estado de México, equivalente al 11 por ciento.
Pero hay un punto que cambia la lectura de la reforma: el Estado de México ya tiene sanciones penales para varias de estas conductas.
El artículo 224 del Código Penal mexiquense establece de seis meses a dos años de prisión para quien oculte, destruya, mutile, sepulte o exhume un cadáver, feto, partes o restos humanos sin cumplir los requisitos legales. El artículo 225 ya contempla de seis a 12 años de prisión para quien realice u ordene la cremación sin autorización.
Es decir, la pena de hasta 12 años que ahora se plantea para determinados supuestos ya existe en la legislación estatal para la cremación no autorizada. La discusión legislativa adquiere entonces otro alcance: precisar conductas, responsabilidades y controles, particularmente alrededor de crematorios y servicios funerarios.
El marco federal también establece límites. El Código Nacional de Procedimientos Penales señala que, ante una muerte presuntamente no natural, deben realizarse inspección, levantamiento, traslado y peritajes. Si se desconoce la identidad del cadáver, deben practicarse los peritajes necesarios para identificarlo. Y después de la inspección o necropsia, el cadáver no puede ser incinerado.
La Ley General de Salud establece, además, que los cadáveres no son objeto de propiedad y deben recibir respeto, dignidad y consideración. La inhumación o incineración requiere autorización del Registro Civil y debe realizarse en lugares permitidos por la autoridad sanitaria.
En el ámbito municipal mexiquense, la regulación tampoco parte de cero. Las disposiciones sobre panteones contemplan inhumación, exhumación, reinhumación y cremación, sujetándolas a la legislación sanitaria, estatal y municipal correspondiente.
Por eso, la propuesta enfrenta una discusión técnica además de política.
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Jennifer Nathalie González López advirtió que una terminología poco armonizada podría producir distintas interpretaciones del delito y afectar la legalidad y la seguridad jurídica. Octavio Martínez Vargas planteó una nueva mesa de trabajo con instituciones estatales para revisar cómo robustecer el proyecto. Ana Yurixi Leyva Piñón pidió analizar su relación con las reglas sanitarias.
El problema, entonces, no es únicamente cuánto castigar.
También es determinar quién registra, quién autoriza, quién custodia, quién responde y qué información queda disponible cuando el cuerpo todavía no tiene nombre.
Emma Alvarez sostuvo que la desaparición de cadáveres por particulares o con complicidad institucional provoca un daño continuado a las familias y que la reforma debe cerrar vacíos legales.
La iniciativa todavía tendrá que pasar por la revisión legislativa correspondiente. Y ahí estará uno de sus principales retos: que una nueva disposición no se limite a repetir delitos que ya existen, sino que defina con precisión qué responsabilidad adicional tendrán los municipios, los crematorios y los servicios funerarios.
Porque cuando una familia busca a una persona desaparecida, el registro de un cuerpo no es un trámite más: puede ser la última oportunidad para saber qué ocurrió.
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